WORLD DATA SERVICE, 6/2/2004.- En medio de un peculiar ambiente de publicidad política, especialmente en la ciudad de Miami, abogados de poderosos sectores cubanoamericanos en Estados Unidos están tratando de utilizar el caso de un automóvil Buick flotante, tripulado por inmigrantes ilegales cubanos e interceptado en el mar por el servicio de guardacostas norteamericano, como un elemento contra los tratados migratorios cubano-estadounidenses, vigentes desde 1994 y 1995.

El viejo automóvil fue adaptado por sus propietarios de La Habana a las condiciones de navegación y lanzado con 11 personas a bordo, entre estas varios niños, al peligroso Estrecho de la Florida, franja marítima de unos 180 kilómetros que separa los dos países y donde ha perecido un número indeterminado de cubanos tratando de llegar clandestinamente a las costas norteamericanas.

De acuerdo con los convenios vigentes al respecto entre La Habana y Washington, los tripulantes del automóvil flotante deber ser devueltos a su patria. Incluso no pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, una legislación vigente desde 1966 en Estados Unidos que garantiza visas de estancia en ese país a aquellos cubanos que logren pisar tierra de la Unión Americana tras sus azarosos viajes.

No obstante, la considerable publicidad brindada al caso del Buick llevó a los guardacostas a, al parecer, analizar con "más detenimiento" el caso, abriendo un paréntesis que quiere ser aprovechado por los cubanoamericanos anticastristas, encabezados por sus legisladores en el congreso en Washington, Ilena Ros-Lethinen y Lincoln Díaz Balart.

Uno de los autores de la adaptación del automóvil y tripulante del mismo, Luis Grass, de Ciudad de La Habana, ya tenía una visa para emigrar a Estados Unidos en el momento en el cual abordó el vehículo, lo que hace pensar en un esfuerzo por su parte de afanes publicitarios.

Grass y otras personas ya habían sido devueltos a Cuba el año pasado por el servicio de guardacostas norteamericano al ser atrapados en el mar tripulando un camión de fabricación norteamericana también adaptado a condiciones de flotabilidad. Por ello fueron bautizados por la prensa de Miami como "camionautas".

Esta vez el diario El Nuevo Herald, de Miami, dijo que la acción legal iniciada en Washington "podría decidir el destino" de los viajeros ilegales del Buick a partir de una moción de emergencia presentada por abogados para tratar de impedir la repatriación de las 11 personas interceptadas en alta mar y "revisar los procedimientos seguidos ante las solicitudes de refugio político".

La petición fue presentada el jueves ante un tribunal federal de Miami, y solicita al juez Federico Moreno que expida una orden urgente para detener la deportación de los cubanos hasta que no se emita una decisión judicial sobre el caso, dijo el Herald.

Mientras tanto, y según los datos públicos hasta el momento de escribirse estas líneas, los 11 indocumentados cubanos estaban retenidos en un escampavías del Servicio Guardacostas. El Buick fue hundido por los guardacostas.

La afirmación clave de la demanda judicial que señala la intención de "revisar la política seguida en las entrevistas que se conducen en alta mar para determinar el "miedo creíble de persecución" si la persona es retornada a su país de origen", es uno de los elementos cubanoamericanos para oponerse a los acuerdos migratorios cubano-norteamericanos.

El juez Moreno fijó una audiencia para la tarde de este viernes con el fin de "ventilar la petición".

Díaz Balart, por su parte, envió una carta al subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, Roger Noriega, para interceder por los "carronautas", tal como han sido bautizados ahora.

Noriega es uno de los funcionarios del gobierno de George W. Bush que más ha atacado a Cuba en las últimas semanas.

El legislador -un anticastrista extremista- pidió a Noriega una acción inmediata "para asegurar que la familia Grass no sea repatriada", y que "al menos sean llevados a (la base naval estadounidense de) Guantánamo como refugiados", dijo el Herald.

Pese a su enfática línea anticubana, la administración Bush ha expuesto frecuentemente en las últimas semanas su decisión de mantener los acuerdos migratorios con Cuba, a los cuales ve como un elemento fundamental en la protección de sus costas.

Sin embargo, Washington suspendió la más reciente ronda de análisis de la marcha de esos convenios que debieron celebrar ambos gobiernos.

Esa decisión fue relacionada con la intención de Bush de aliviar cualquier tensión con los cubanoamericanos anticastristas extremistas, a los que necesita para su reelección en los comicios presidenciales de noviembre próximo.

RL/FM